¿Qué pasaría si Colombia aprendiese de Japón?
¿Qué pasaría si Colombia aprendiese de Japón?
*Juan Pablo Naranjo Vallejo
Desde 1992 Japón ha expedido las denominadas Bōryoku-dan Haijo Jōrei (暴力団排除条例), o lo que en español sería Ordenanzas de Exclusión del Crimen Organizado. A pesar de miles de kilómetros de distancia y diferencias lingüísticas y culturales, Colombia y Japón comparten algunas similitudes. Uno de los puntos de similitud ha sido la intención de erradicar el crimen organizado. Todos hemos conocido películas de la denominada “Yakuza” japonesa, una estricta mafia con código de honor ancestral, con renombre a lo largo del mundo. En los años 1980 y 1990 dicha organización, compuesta de varias familias, llegó a su máximo apogeo contando con más de 180.000 miembros. Tanto como en Colombia y los capos de la mafia colombiana de su momento, durante varios años la Yakuza no era considerada per se una organización ilegal, por lo cual sus miembros vivían dentro de la comunidad en todas las esferas sociales.
Ahora bien, todo esto cambió con la decisión de erradicar al crimen organizado. En esta medida, al estilo Bukele del Salvador, Japón expidió numerosas prohibiciones para miembros de dichas organizaciones. Dichas medidas tienen y tenían como objetivo de que la lucha contra el crimen organizado pasara de ser policial a una guerra de la sociedad civil en contra de estas organizaciones. Por ende, las ordenanzas, las cuales entraron en vigor en 2010, incentivaron la represión social del conjunto de la comunidad en contra de miembros del crimen organizado. Las medidas adoptadas van desde la prohibición de otorgamiento de cuentas bancarias, hasta la prohibición del ingreso a espacios públicos de los miembros de dichas organizaciones, venta de alimentos en restaurantes u otorgamiento de descuentos. Otras medidas adoptadas fueron la imposibilidad de acceder al seguro médico, imposibilidad de acceder a la compra de vivienda o arriendo a cualquier miembro de la organización o incluso familiares o amigos. En este sentido, el individuo privado en la sociedad japonesa debe cerciorarse de que no se relaciona con ningún miembro del crimen organizado, pues si lo hace este podría ser considerado como criminal por el resto de la comunidad. Las sanciones sociales llegan a pérdida de empleo, amigos, familia, acceso al seguro médico, vivienda, entre otras sanciones que van más allá del tema normativo.
No obstante, lo interesante es que para la sociedad japonesa dichas normas son totalmente aceptables desde el punto de su constitución y modo de pensar. Esto es, la mentalidad japonesa en vez de presentarse desde un punto individualista de nuestra tradición occidental, respeto máximo de los derechos individuales, ve como bien supremo es el interés colectivo. Tanto es así que, los artículos 11, 12, 13 de la Constitución Japonesa manifiestan que se respetará la vida individual y derechos fundamentales los ciudadanos de forma individual y autónoma, siempre y cuando estos no impidan el desarrollo del bien supremo del bienestar público.
“ARTÍCULO 13. Todos los ciudadanos serán respetados como personas individuales. Su derecho a la vida, a la libertad y al logro de la felicidad, será, en tanto que no interfiera con el bienestar público, el objetivo supremo de la legislación y de los demás actos de gobierno”
Es por esto por lo que las Leyes Anti-Yakuza son aceptadas por los miembros de la sociedad, sin cuestionar ningún tipo de presencia de régimen dictatorial u otra índole. La diferencia está en la cultura japonesa, la cual se basa en un pensamiento del bienestar colectivo para maximizar las libertades de todos los individuos y donde se permite la limitación de los derechos fundamentales individuales, incluso el de la vida.
Ni mucho menos pienso que las leyes Anti-Yakuza funcionarían en Colombia, como funcionan en Japón. Esto por diferentes factores que van desde nuestra cultura, el individualismo y “cultura del vivo”, es decir maximización del bienestar personal a toda costa. En Colombia, los altos índices de corrupción, falta de información, desinterés de la sociedad civil o intención de reprimir socialmente a las bandas criminales, seguridad, pobreza, entre otros factores, hacen imposible una aplicación efectiva de normas semejantes sin represión autoritaria alguna -donde se afectarían muchos derechos fundamentales individuales inherentes cultura occidental-. Sin embargo, sin estar de acuerdo con las posturas cuestionables de Bukele, al menos debemos preguntarnos ¿Acaso algunos derechos fundamentales, como en Japón, incluso la vida, no deben ceder para garantizar el bienestar máximo de la sociedad? Esto va acorde a las ideas de nuestro Libertador Bolívar, quien protegía la libertad, pero la libertad no para hacer lo que se me antoje, sino para maximizar la libertad de todos los individuos de la comunidad. Mientras no comencemos a pensar de manera distinta, educando ante todo buenos ciudadanos, priorizando un pensamiento colectivo, nada podremos hacer para superar nuestros problemas.